Lideres de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desconocieron y anunciaron una auditoría a su exdirigente Eloy López Hernández acusado de presuntas irregularidades, desvió de recursos y prebendas que habría obtenido de la pasada administración pasada.
Por lo que la gremial reprobó su conducta junto con el de su comitiva el secretario de Organización, Genaro Martínez Morales; y del exsecretario de finanzas, José Carlos López Alonso, quienes habrían obtenido millones de pesos a costa de la CNTE.
El gobernador Salomón Jara Cruz y el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez revelaron una serie de irregularidades en las que se encontraban involucrados, como el caso de recibir al menos 20 millones de pesos para la Guelaguetza Popular.
La actual de la sección 22, Yenny Pérez Martínez, solicitó al gobierno del estado las pruebas de los montos entregados a la diligencia anterior, toda vez que, aseguró que el movimiento magisterial tiene principios, espacios de análisis y discusión para la toma de decisiones.
Por lo que se realizará lo correspondiente para dar seguimiento a los resolutivos de su congreso, respecto al nombramiento de una comisión de honor y justicia, así como de auditoría a la dirigencia anterior y al IEEPO.
“No somos aliados del gobierno, somos una sección democrática que, defiende los derechos laborales y sindicales de nuestros agremiados que, los gobiernos que han detectado el poder se han encargado de la cerrarlos. También dejamos en claro que este movimiento democrático no tiene diputados locales, ni federales”, dijo.
En la víspera, Jara Cruz, reveló una serie ilegalidades en las que habría incurrido la exdirigencia de la Sección 22 a cargo de López Hernández.
Existe, dijo, grupos de interés minoritarios en la gremial que son encabezados por el ex dirigente, Eloy López Hernández y el diputado federal de Morena, Hiram Santiago Manuel, se niegan a perder privilegios, para seguir gozando de todo lo que la lucha magisterial ha dado, entre ellas, diputaciones.
Además de pagos, contratos con empresas para “quedarse” con millonarios recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no eran entregados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ese grupo obtuvo, dijo el mandatario, todos esos privilegios y dio nombre de la empresa con la que evadían el pago del ISR de la nómina del magisterio.
Reveló entonces que, durante el periodo de esos exdirigentes de la Sección 22, hicieron acciones indebidas, al crear RI, Mediante el cual no pagaban el impuesto sobre la renta de la nómina del magisterio.
En el cálculo del ISR, correspondientes a cada trabajador, se había realizado con las tarifas establecidas del 2004 y no de conformidad con lo previsto en la ley del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2023. Esto tuvo como consecuencia un aumento al impuesto a cargo de los trabajadores, maestros y maestras.
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