El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz presentó ante el Pleno del Congreso Local la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se expide la Ley Estatal de Austeridad Republicana, y con la que se terminarán los privilegios que ostentaba el funcionariado público en administraciones pasadas.
La propuesta tiene el objetivo de cumplir el compromiso realizado por el Ejecutivo del Estado con el pueblo de Oaxaca, de revertir la degradación, combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos estatales, administrando el dinero con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los rubros a los que están destinados.
También, establece las competencias de los entes gubernamentales en la materia; regula la generación de ahorros y economías del gasto público para orientarlos en la satisfacción de necesidades generales; y crea un mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad.
Con este instrumento jurídico ningún servidor público podrá beneficiarse de su cargo, se terminará con la asignación abusiva, unilateral y discrecional de privilegios, oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otros; toda vez que los recursos deberán ser destinados a los programas sociales que beneficien a la sociedad oaxaqueña y a los grupos vulnerables.
En beneficio de los más vulnerables
De igual manera, los recursos gubernamentales estarán permanentemente bajo el escrutinio público. Con el principio de austeridad se dará un paso fundamental para la transformación de Oaxaca.
Para la administración estatal, la iniciativa representa los cimientos para instaurar un gobierno austero, honrado, eficiente y verdaderamente cercano a la gente, ya que la convicción de la administración pública es y será siempre por el bien de todos y todas.
El mandatario estatal emitió un llamado respetuoso a las y los legisladores locales para que, en el ámbito de sus competencias, puedan aprobar la iniciativa y con ello establecer la austeridad como un valor fundamental y principio orientador del servicio público; fijar las bases para la aplicación de esta política pública y los mecanismos para su ejercicio.
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