La Consejería Jurídica junto con autoridades correspondientes no descartan procedimientos penales contra empleados e involucrados en el delito de tráfico de plazas laborales administrativas, lo anterior tras el procedimiento de supresión de las mismas que fue aprobado por el Congreso del Estado la noche de ayer miércoles.
En un análisis realizado, por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública se detectaron diversas irregularidades como el incumplimiento de la temporalidad; es decir había trabajadores a los cuales al siguiente día de su inscripción ya contaban con una base.
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“Existen otras plazas que en su expediente únicamente tienen su identificación oficial, INE, pero son muchas causales”, aseguró el consejero Jurídico Geovany Vásquez Sagrero quien aclaró que la mayoría de éstas fueron otorgadas en el sexenio pasado.
Precisó que fueron mil 344 plazas laborales que fueron sometidas a dicho procedimiento y que se está en análisis, para poder iniciar las acciones jurídicas correspondientes y las cuales configurarían el delito de tráfico de plazas.
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Sin embargo, sostuvo que se revisa uno a uno los expedientes, de los cuales se han iniciado las carpetas de investigación.
“Son mil 344 bases que fueron suprimidas, con la independencia de esta suspensión que es facultad del Congreso del Estado.
Tenemos identificado número por número de plaza y empleado cuál es la irregularidad que se ubica en eso, porque eso fue trabajo del Secretaría de Honestidad, esto no es producto, nada más que de la noche a la mañana se haya realizado, y desde luego que también se tiene ubicado, quienes han firmado esos nombramientos y esas bases”, dijo el consejero Jurídico.
Dijo que se realizó este proceso como establece la Ley del Servicio Civil, por lo que dijo que se encuentran preparados para cualquier acción jurídica de los trabajadores además de que será complicado que se escuden bajo el tema de despido injustificado.
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