Oaxaca ha vivido más de una crisis debido a los residuos sólidos por tal motivo el Congreso local había aprobado la llamada “Ley Antiunicel” con la que busca prohibir la venta de este tipo de productos, sin embargo, la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) consideró que es inconstitucional ¿cuál fue el motivo?
Esta ley ya había sufrido un revés en agosto del 2022 cuando la Segunda Sala permitió el amparo de la empresa Coca-Cola Femsa, su embotelladora PROPIMEX y su distribuidora Oxxo con lo que la legislación ya había sido tachada de ir en contra de la constitución por parte de los ministros.
¿Qué es la Ley Antiunicel de Oaxaca?
La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el estado de Oaxaca fue reformada en 2019 en lo que se llamó “la Ley Antiunicel” para establecer la prohibición, distribución, y uso de envases de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno (PET) y con poliestireno (unicel).
Esta prohibición implicada que envases de agua y refrescos, o productos de embalajes o los llamados “platos y vasos desechables” quedarían prohibidos en el estado de Oaxaca con lo que se pretendía reducir de manera importante la generación de residuos sólidos y mejorar el medio ambiente.
Sin embargo, la SCJN calificó de inconstitucional esta propuesta por lo que legisladores han buscado otras alternativas para solucionar el problema de la basura en Oaxaca como fue la ley de la Economía circular con la que se buscaba dar un segundo y tercer uso a este tipo de productos que tienen una vida útil muy corta antes de ser tirados.
SCJN respalda a empresas y nombra inconstitucional la Ley Antiunicel
Sin embargo, los ministros de la SCJN consideraron que las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley Antiunicel son inconstitucionales. ¿la razón? Es que el Congreso de Oaxaca no le corresponde y no tiene facultades para prohibir el uso de unicel y PET debido según lo establecido por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral.
A través de un comunicado la SCJN informó que el asunto fue resulto por unanimidad de cuatro votos, ero al trascurrir los 90 días que se dio de plazo para superar el problema de inconstitucionalidad sin que se resolviera, “la resolución surtirá efectos a partir de la notificación de sus puntos resolutivos al Congreso local”.
Dicha solución fue criticada por el diputado Horacio Sosa, principal impulsor de la iniciativa, ya que consideró que solo beneficia a las grandes empresas y nos los magistrados no tomaron en cuenta el “principio pro persona”.
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