En Oaxaca, se propone castigar de 4 a 8 años de prisión la violencia vicaria, luego de que fuera reconocida por el Congreso del Estado al realizar una serie de reformas a las leyes locales el pasado 1 de febrero.
La diputada local, Mariana Benítez Tiburcio planteó reformar el Código Penal de la entidad para tipificar la violencia que cometen los hombres contra sus exparejas instrumentalizando a sus hijos e hijas, para dañar principalmente a las mujeres.
La congresista refirió de acuerdo con cifras de la coordinación del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, de enero a septiembre de 2021, se registraron casos de violencia familiar en 1.4 millones de hogares, del total de casos registrados de violencia familiar, el 40% es emocional, 21% económica-patrimonial, 18% física y 6.5% sexual.
Por otra parte, la diputada local señaló que en el país se encuentran registradas 43.5 millones de mujeres de más de 15 años, de las cuáles el 22.5% reportó haber sufrido violencia por parte de sus parejas.
“Desafortunadamente 9 de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de la víctima o recursos que favorecen los fallos a su favor por tener tráfico de influencias, solvencia económica para poder generar un alargamiento en el proceso legal y por tener algún cargo público”, agregó.
En su iniciativa, la legisladora también propuso una sanción penal específica para castigar a los servidores públicos que afecten la correcta procuración y administración de justicia mediante conductas que faciliten el ejercicio de la violencia vicaria en contra de las mujeres, pues el Estado no puede tolerar que sus propios agentes sean generadores de violencia.
Benítez Tiburcio resaltó que el principal bien jurídico que se pretende proteger con los delitos de violencia vicaria es el derecho a una vida libre de violencia de género contra las mujeres y no sólo el derecho a una vida libre de violencia de forma genérica.
La congresista sostuvo que no es suficiente que este tipo de violencia haya sido identificada y reconocida, porque en el fondo debe contar con una garantía de su cumplimiento; toda vez que el ejercicio de esta acción debe tener consecuencias en la realidad social.
Del mismo modo, la diputada refrendó su apoyo con las jóvenes bachilleres y universitarias por romper el silencio al colocar tendederos de sus acosadores en sus instituciones educativas además de ofrecer el acompañamiento jurídico si así lo deciden.
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